Ingreso Mínimo Vital (IMV) ¿Qué es y cuál es el objetivo?

En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) entró en vigor en junio de 2021, en un momento en que la pandemia había afectado gravemente la salud financiera de muchas familias. Esta ayuda garantiza un nivel mínimo de renta y, para concederse, se valora el nivel de ingresos y el patrimonio de la persona solicitante, independientemente de la comunidad autónoma de residencia.

Desde su implementación, el IMV ha experimentado diversas modificaciones. Inicialmente, se había previsto un aumento del 9% en sus cuantías para 2025. Sin embargo, la derogación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados provocó que dicha revalorización no se aplicara, manteniéndose las cuantías en los mismos niveles que en 2024. Sin embargo, en 2026 ha aumentado un 11,6%, muy por encima de la inflación, para igualarlo con 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal.

“Ante acontecimientos excepcionales, son necesarias medidas excepcionales. Esta ayuda ha venido a paliar la supervivencia de los hogares más vulnerables”, explica Massimo Cermelli, profesor de economía de la Deusto Business School.

La prestación monetaria pretende mejorar las economías domésticas menos favorecidas y, desde hace varios años, las autoridades europeas reclamaban su implantación en España, uno de los pocos países donde no existía una ayuda de carácter estatal. Más de 20 países del Viejo Continente cuentan con programas similares: Renta de Solidaridad Activa, se llama en Francia, Renta Mínima de Subsistencia, en Alemania, o Crédito Universal, en el Reino Unido. El objetivo de estos programas siempre es el mismo: asegurar una renta mínima para luchar contra la pobreza y conseguir mayores niveles de inclusión social.

En Australia y Nueva Zelanda también existen ayudas sociales de similares características. En América Latina, la Comisión Europea para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso, al comienzo de la pandemia, avanzar sobre un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable. Pero su aterrizaje ha sido complicado. En medio de la debacle económica y social desatada por el COVID-19, más de 29 países latinoamericanos lograron dar algún tipo de ayuda puntual a las familias más vulnerables. Entre ellas:

• Transferencias monetarias, en especie (alimentos y mascarillas).
• De protección social (control de precios o rebajas fiscales, por ejemplo) que algunos gobiernos, como el paraguayo, mantienen y otros, como el peruano, extinguieron con el fin del confinamiento.

A nivel regional, la experiencia más cercana a un ingreso básico universal se puede encontrar en Maricá, Brasil, donde se ha desarrollado desde 2013 un programa de Renta Básica de Ciudadanía como parte de un proyecto de economía solidaria, orientado a su contribución al desarrollo local. “Se trata de una transferencia monetaria efectuada a través de una moneda social, con una cobertura progresiva”, resalta Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cabe destacar también experiencias relevantes respecto a prestaciones de cobertura universal o progresiva hacia la universalidad dirigidas a poblaciones específicas:

• Pensiones no contributivas para las personas mayores, tales como la Renta Dignidad, en el Estado Plurinacional de Bolivia.
• La Pensión Universal de adultos Mayores, en México.