En Europa tenemos una arquitectura institucional excesivamente compleja, que urge simplificar

P: Si hablamos de casos concretos, la fragmentación normativa en Europa se cita a menudo como una barrera para el Mercado Único Bancario. ¿Qué obstáculos específicos deberían eliminarse para avanzar hacia una verdadera Unión Bancaria?

R: Los obstáculos para el mercado único no afectan sólo a los bancos, sino también a las empresas no financieras. De hecho, la Comisión Europea acaba de sacar una consulta sobre un régimen 28, un cuerpo normativo único que aplique a las empresas que operen en varios países de la UE, para que no tengan que aplicar los 27 marcos nacionales existentes, especialmente dirigido a empresas nuevas en sectores innovadores. Y entre las regulaciones que se incluirán estarán las normativas laborales, fiscales o incluso de insolvencia.

Más allá de estas normas básicas, la normativa bancaria también es muy heterogénea. Parte del problema radica en que cuando la UE regula mediante directivas, luego los países tienen que transponer estas normas en su regulación nacional, y eso genera mucha heterogeneidad. Este procedimiento está pensado para adaptar las normas a las particularidades de cada país, pero en ocasiones se da demasiado margen a las autoridades nacionales y se generan diferencias no justificadas. La solución sería regular más mediante reglamentos, que son de aplicación directa, y limitar el margen para discrecionalidades nacionales en las directivas.

P: ¿Qué valoración hace sobre los primeros seis meses de MiCA? ¿En qué posición está Europa frente a otras jurisdicciones como Estados Unidos, que está ahora empezando a regular el mercado de criptoactivos y quiere impulsar los ‘stablecoins’ vinculados al dólar? 

R: La entrada en aplicación de MiCA ha traído consigo un cambio muy positivo en el mercado de criptoactivos en Europa, que ahora cuenta con nuevos tipos de participantes como las entidades de crédito. De hecho, BBVA ha sido la primera entidad de crédito en Europa en obtener luz verde de los supervisores para prestar servicios de criptoactivos. Así que, gracias a MiCA, los inversores europeos se van a beneficiar de una mayor oferta de servicios, por parte de jugadores más confiables, y de una mayor protección para operar en estos mercados.

A nivel internacional, MiCA puede servir de ejemplo para otras jurisdicciones que están ahora viendo cómo regular estos mercados. De hecho, la normativa sobre ‘stablecoins’ que acaba de aprobar Estados Unidos, la Genius Act, está bastante alineada con MiCA en los aspectos fundamentales, como la obligación de contar con una reserva por el cien por cien del valor en activos líquidos y seguros y la prohibición del pago de intereses, lo que puede facilitar la coordinación a nivel internacional y evitar la fragmentación. La propia Genius Act lo contempla, al promover el reconocimiento de marcos regulatorios similares de otras jurisdicciones, y es algo que Europa también debería explorar.

Gracias a MiCA, los inversores europeos se van a beneficiar de una mayor oferta de servicios, por parte de jugadores más confiables, y de una mayor protección para operar en estos mercados.

P: ¿Cómo valora los avances recientes en el proyecto del euro digital? ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades que plantea su posible adopción para el conjunto del sistema bancario europeo?

R: Hay un cierto desacoplamiento, porque el Banco Central Europeo sigue avanzando con el diseño del euro digital —y en otoño decidirá previsiblemente seguir adelante para preparar su emisión— mientras que los legisladores están todavía lejos de acordar el marco legal que es necesario para poder emitirlo, sobre todo en el Parlamento, donde las negociaciones todavía no han empezado. Es verdad que el actual contexto geopolítico, a raíz del regreso de Trump a la Casa Blanca, ha dado más urgencia al objetivo de autonomía estratégica en pagos minoristas, que actualmente dependen de empresas americanas, pero el euro digital no es la única vía para lograr esa autonomía europea. Hay también iniciativas privadas para conectar soluciones basadas en pagos instantáneos, como Bizum, para darles escala europea, llevarlas al comercio físico, y ofrecer así una alternativa a los esquemas internacionales de tarjeta.

El euro digital no es la única vía para lograr esa autonomía europea

P: La regulación verde en Europa ha ganado impulso con exigencias crecientes en taxonomía, divulgación de riesgos climáticos y canalización de financiación sostenible. Sin embargo, y en línea con lo comentado anteriormente, se corre el riesgo de sobrerregular antes de que exista una infraestructura de datos sólida y criterios claros. ¿Está Europa encontrando el equilibrio adecuado entre ambición climática y viabilidad operativa para el sector financiero?

R: Hasta ahora no se ha encontrado ese equilibrio, pero esto está cambiando. De hecho, este año la Comisión Europea ha publicado su iniciativa Ómnibus, que pretende simplificar gran parte de la normativa de sostenibilidad, incluyendo la taxonomía, la directiva de reporte (CSRD) y la de diligencia debida (CSDDD). Es importante que la simplificación de la información sobre sostenibilidad que los clientes bancarios tienen que reportar venga acompañada de una simplificación de los informes que los bancos tienen que publicar en este ámbito.

El problema no radica exclusivamente en la falta de datos, sino también en la falta de metodologías adecuadas para medir los riesgos de sostenibilidad. Por ejemplo, el ejercicio de estrés climático, que evalúa cómo estos riesgos afectan a las carteras bancarias, apenas lleva unos pocos ejercicios en marcha, y los expertos públicos y privados están todavía buscando las metodologías adecuadas.

Las regulaciones que afectan a los bancos tienen que tener en cuenta estas realidades, y no se pueden imponer requisitos obligatorios demasiado estrictos en el corto plazo. Tras los pasos atrás que han dado actores clave como el Reino Unido (que ha renunciado a desarrollar su propia taxonomía) o Estados Unidos (que ha abandonado en la práctica la regulación de sostenibilidad), Europa debería replantearse su enfoque en estas cuestiones.

P: La Comisión Europea ha replanteado el debate sobre la Unión de Mercado de Capitales, bajo en nuevo titular de Unión de Ahorro e Inversiones. ¿Qué implicaciones tiene esta reformulación? ¿Cómo afecta en concreto al debate sobre la reforma del marco de titulizaciones, la movilización del ahorro y la financiación de las startups? 

R: El nuevo término, la Unión de Ahorro e Inversiones, abarca tanto la Unión del Mercado de Capitales como la Unión Bancaria, reconociendo que no se puede conseguir la una sin la otra. La Unión del Mercado de Capitales es una de las grandes asignaturas pendientes en Europa, y para afrontarla se han propuesto multitud de medidas que abarcan desde fomentar que el ahorro minorista se lleve a los mercados hasta eliminar burocracias innecesarias en la operativa, fomentar productos infrautilizados o conseguir que más empresas acudan a los mercados en busca de financiación. Ninguna de estas medidas supone una solución mágica, pero la unión de todas ellas puede tener efectos significativos en el medio y largo plazo.

La reforma de las titulizaciones es una de estas medidas, con el objetivo de revitalizar este producto en Europa, que se ha quedado muy atrás comparado con el impulso que tiene en Estados Unidos. En concreto, se pretende simplificar los procesos, hacer menos gravosa la diligencia debida de los inversores y suavizar los requisitos de liquidez y capital para los compradores, sean bancos o aseguradoras.

La Unión del Mercado de Capitales es una de las grandes asignaturas pendientes en Europa

Para la movilización del ahorro, la medida principal es la Cuenta de Ahorro e Inversión, una vía para que el depositante minorista pueda canalizar su ahorro hacia productos de inversión, con una fiscalidad favorable. El problema es que la fiscalidad es competencia nacional, así que habrá que esperar a ver qué condiciones ofrece cada país para evaluar su utilidad.

En el caso de las startups, sus dificultades de financiación tienen que ver con su poca historia crediticia o los colaterales difíciles de valorar, así como unos mercados de capitales poco desarrollados y fuertemente fragmentados, lo que minora su potencia inversora. Pero los problemas de las startups van más allá de la falta de financiación, e incluyen aspectos como un régimen de insolvencias muy penalizador o una regulación laboral poco flexible. Afrontar estos problemas requiere un enfoque holístico, que el régimen 28 sugerido por la Comisión Europea puede ayudar a solucionar.